MANUEL NOVAL MORO Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

El Principado tendrá listo el próximo mes de febrero todo lo necesario para poner en marcha el sistema de control de acceso y de horario de los trabajadores públicos (funcionarios, forenses y personal laboral) adscritos a la Consejería de Justicia a través de huella digital (sistema biométrico). En un principio se calculaba que los poco más de 1.300 funcionarios de Justicia del Principado (Asturias recibió las competencias en este campo el pasado 1 de enero, y las completó el 1 de julio) podrían haber comenzado a fichar antes de finales de año, pero no ha podido ser así ya que aún faltan los perfiles biométricos (huellas digitales) de un cinco por ciento de los funcionarios.

Los datos de este grupo de trabajadores públicos, que en el momento de su recogida estaban de vacaciones o de baja, se recopilarán después de que concluyan las fiestas navideñas. Se calcula que esta segunda recogida de datos, que tendrá que llevarse a cabo en buena parte de los 18 partidos judiciales en los que está dividido el Principado, se alargará unos quince días. Este tiempo se aprovechará para llevar a cabo una revisión de los lectores de huellas instalados en los juzgados para que se encuentren en pleno funcionamiento en cuanto se hayan recogido todos los datos de los funcionarios. La primera recogida de huellas tuvo lugar a mediados del pasado mes de septiembre.

Así, se espera que en febrero comience a funcionar de forma efectiva el sistema, aunque las primeras semanas se planteará como período de prueba para realizar los ajustes técnicos necesarios. Uno de los problemas más comunes que suele darse en este tipo de sistema es la falta de calidad de alguna de la huellas recopiladas, que impide que el lector la reconozca. Esto obliga a repetir la toma de los datos biométricos del trabajador. Además, la Consejería de Justicia tiene previsto remitir todas las huellas a la Agencia de Protección de Datos para garantizar la confidencialidad de la información recogida.

Este sistema ya había tratado de ponerse en marcha en los juzgados asturianos cuando las competencias aún estaban en manos del Ministerio de Justicia. En esta etapa se instalaron los terminales de lectura de las huellas digitales, pero no pudo iniciarse ante la falta de un centro de proceso de datos (CPD) y aplicaciones informáticas.

La obligación de fichar no ha gustado a los sindicatos del sector de Justicia, que ya se han manifestado en más de una ocasión partidarios de negociar esta medida junto a mejoras en la nómina. El Principado inscribe este proceso dentro de la normativa de modernización de la Justicia aprobada recientemente por el Ejecutivo central.





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